Los aumentos en la tasa de homicidios en México se atribuyen ampliamente al aumento de la violencia relacionada con el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada (entre el 40% y el 65%) a menudo vinculada al control territorial sobre sus rutas de influencia y acción. En el caso, de Chihuahua, las disputas territoriales son protagonizadas por el Cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. El último evento desgarrador sufrido en esta localidad, fue el del asesinato de los Sacerdotes Jesuitas: Javier Campos Morales y Joaquín Cesar Mora Salazar.
El espiral de violencia que envuelve a México, proyectó en cifras este año 33 mil 316 homicidios. Siendo la violencia un fenómeno multicausal a través del cual los victimarios recurren a sus diferentes formas y mecanismos como medios para lograr la dominación. Lo que se ve materializado en las siguientes cifras:
Los niveles persistentemente altos de violencia en México ante la ineficiencia e ineficacia de esfuerzos para frenar esa violencia y enjuiciar a los infractores, resulta desesperanzador. El Índice de Paz de México (2021), reportó que, hubo 94 homicidios por día. Hablamos, aproximadamente de 34,000 víctimas.
En lo que va del sexenio, hasta hace unos días, se han registrado 124 mil 457 homicidios dolosos en México, lo que significa que durante el Gobierno de AMLO (2018- 2024) se habría registrado el periodo más violento en la historia reciente de México, como lo apuntó el último Informe del “Congressional Research Service” (2022).
La violencia desde su dimensión política, fortalece la crisis de inseguridad de México en materia de Narcotráfico, ramificándose en otros campos, como el político, el de producción y distribución alimentaria (este abastece de alimento a todos (as) los mexicanos) entre otros, lo que emana de la diversificación del Crimen Organizado. Abriéndole la puerta de par en par a la “Mafiocracia” y a la “Narcopolítica”.
Tan solo desde que iniciaron los procesos electorales el año pasado, se registraron 147 casos de asesinatos a políticos durante las campañas electorales que iniciaron en ese periodo, 36 de ellos eran candidatos.
No es posible vislumbrar, atesorar un Estado Democrático y Social de Derecho, sí: el poder criminal es ejercido y opera sin control en nuestro país, como resultado del macro-efecto de los cuasi-nulos resultados en materia de Estrategias de Seguridad Nacional y Pública en su caso, que se han logrado. Cuando la Gobernabilidad del Estado es custodiada bajo la premisa: “abrazos y no balazos”. Independientemente de los resultados obtenidos por la Policía de la CDMX, catalogada como la mejor del país. Recordemos que el Secretario de Seguridad Ciudadana actual, fue el que reconoció la participación y operación de todos los cárteles de narcotráfico y de crimen organizado en la CDMX, vigentes en el resto del país, tras ello, desplegó con éxito una estrategia de combate en la materia.
Sin embargo, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ha subordinado la supremacía de los Principios Constitucionales a los mandatos Presidenciales. Afectando la Fuerza Institucional del Estado. Dicha fractura, se profundiza con la militarización que ha promovido en el país, involucrando al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Armada de México en actividades estrictamente civiles, “inmovilizándolas” a su vez, para realizar las tareas que les encomienda la CPEUM.
Ante la agonía del Estado Democrático y Social de Derecho, que tiene un efecto multiplicador a escala en todos los ámbitos de la vida del país y que se refleja en una peligrosa fragilidad sociopolítica, económica, de salud, seguridad, entre otros. Escenario, donde la Sociedad Civil y los Medios de Comunicación son y serán poderosos agentes de cambio que movilicen y determinen el rumbo del futuro de todas y todos los mexicanos, en aras de construir un México: plural-democrático e Institucional que involucre a los tres Poderes de Gobierno a partir de las próximas elecciones federales.
Mónica Díaz. Especialista en Administración Pública, Comunicación y Responsabilidad Social.