Tras el paro nacional, representantes del Ejecutivo de Guillermo Lasso se reunirán con delegados regionales de los grupos indígenas para conformar las comisiones de trabajo.
Ecuador comienza a delinear las acciones a seguir, tras la firma del “acta de paz” entre el Gobierno y los movimientos indígenas que puso fin el jueves 30 de junio a las protestas contra las medidas económicas del mandatario Guillermo Lasso.
Las manifestaciones, iniciadas el 13 de junio y extendidas por 18 días, fueron lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
Entre los puntos más destacados del acuerdo alcanzado se encuentra el compromiso del Poder Ejecutivo de bajar otros 5 centavos de dólar a los 10 centavos ya anunciados, al precio del galón de diésel.
“En esta acta, las organizaciones sociales lograron que el Gobierno ceda y detenga la velocidad con la que erráticamente ha intentado imponer una agenda favorable a los grandes capitales”, dijo a Telescopio el sociólogo ecuatoriano Andrés Chiriboga, Máster en Sociología Económica y en Finanzas, e investigador doctoral en Sociología Económica.
“Políticamente, Lasso y su Gobierno han salido extremadamente golpeados al final de la protesta, tanto en el sentir de la población como en la situación de gobernabilidad complicada que enfrenta”, agregó el especialista.
A juicio del sociólogo ecuatoriano, la firma del acta de paz es un símbolo para detener el avance de un Estado que busca ausentarse de su rol regulador de la economía”.
La elaboración del documento contó con la mediación de la Conferencia Episcopal y tuvo como consecuencia inmediata el fin a las movilizaciones y la derogación del estado de excepción vigente.
El sociólogo también se refirió al proceso contra el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, por el delito de paralización de un servicio público.
“Lasso habló de poner en práctica el Gobierno del encuentro, pero la tónica en todo este primer año ha sido muy diferente. Ha sido la de desconocer a sus detractores políticos, sociales y de un autoritarismo tenaz”, dijo Chiriboga.
Sobre la crisis económica y social que vive el país, el ecuatoriano sostuvo que “se necesita que ingresen recursos a la economía real, a las personas que están en situaciones más precarias”.
A su criterio, estos recursos deberían estar “para que haya un mínimo proceso de redistribución que haga de contrapeso a una serie de políticas erráticas que favorecen a los intereses de un grupito de personas que tienen incluso los capitales fuera del país, y que no les interesa abordar los problemas de la sociedad que están encaminando al exterminio”.
“Me da la impresión que a las élites no les incomoda el exterminio. La criminalización de la pobreza termina siendo perversamente componentes que van de la mano con la acumulación del capital y los grandes flujos de capitales”, reflexionó.
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