A nivel mundial los pueblos y nacionalidades indígenas poco a poco han recuperado sus espacios y derechos, y en sus construcciones sociales ante diálogos y acuerdos internacionales han podido colocar una agenda política, humanitaria, y económica; circunstancias por demás justas, no obstante qué pasa cuando esas reivindicaciones ante la justicia como es el caso del ‘derecho consuetudinario’, se transforman en herramientas que se usan para evadir a la justicia ordinaria en casos de corrupción, por ejemplo, lo que hace que ante ello la sociedad contemporánea lo reproche.
En el convenio Núm. 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales se dejó un gran precedente y muchos países de Latinoamérica y algunos europeos dejaron claro cuáles serían los beneficios e incluso su constante renovación en cada una de sus participaciones en las agendas de las ODS. Con ello, se dejaba un apoyo claro y humano ante este grupo que muchos años sufrió de persecución, discriminación e incluso del exterminio. Pero hoy en día las prácticas políticas de los mismos indígenas que han entrado al juego de la política, la impunidad y la corrupción, hoy ya tienen otra postura y parece que juegan a la creación de estructuras políticas y no al beneficio de lo que fue creado el apoyo de los altos convenios internacionales.
Ecuador es un país con una gran polarización entre la comunidad indígena y mestiza, que se ahondado y vuelto un tema controversial y mundial a través de un escándalo que se dio hace pocos días, relacionado de corrupción y delincuencia organizada por parte del prefecto de la provincia Cotopaxi. Un personaje que, junto a un equipo de su entorno, está siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de delincuencia organizada, concusión, testaferrismo y enriquecimiento ilícito, con ello, dejando muchas instancias de inconformidad ante una ciudadanía.
El asunto medular, es que pese a las pruebas y a la necesidad de seguir el debido proceso de investigación del caso de presunta corrupción en el operativo “Depuración I” en menos de 24 horas el prefecto y una persona vinculada auto-reconocidos como indígenas, fueron dejados en libertad haciendo uso del ´Derecho Consuetudinario´, mientras que el resto de sospechosos (mestizos) permanecen detenidos con fines de investigación, del cual pareciera que el abogado lo uso como un gran pretexto y no como lo remarca la ley. En Ecuador es tomado como base la jerarquía primordial la Constitución y en segunda instancia los tratados internacionales, ya que de esta manera estarían en contradicción con la misma Constitución.
La ciudadanía de Latacunga en Cotopaxi y en general en Ecuador están muy molestos, ya que en meses anteriores se vivió un paro nacional que dejó afectado al país con varios declives económicos y sociales, pero que, con esta noticia dejaba al descubierto un detalle de las leyes para sancionar acciones irregulares ante los cargos públicos, pero sobre todo hacia los indígenas.
En donde se preguntaban ¿por qué a los indígenas con presunción de ser corruptos no se les aplicaba la misma ley?
Si bien es cierto, en el convenio Núm. 169 en el art. 10, punto uno y dos señalan que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y el punto dos señala “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”, por lo que, en este caso es hacerse la pregunta ¿si los dos personajes vigilados por la Fiscalía no cuentan con esas características?, ya que al parecer ellos deberían cumplir el mismo proceso legal que sus compañeros.
A estas alturas la molestia en la sociedad es saber que un mestizo en Ecuador tiene más que perder con la ley, ante un país que ha demostrado que los indígenas políticos y a quienes les llaman ‘ponchos dorados’ han jugado y están jugando con un sistema que al parecer les conviene y les favorece, pues ya hasta sus frases célebres tienen como “si van a robar, roben bien y justifiquen bien”. Parece que al final se convirtieron en lo que tanto odiaban de la clase mestiza, lo que ha seguido generando la polarización y un quebrantaje de la política entre no tener ni instituciones ni candidatos con credibilidad, para las siguientes elecciones.
El derecho consuetudinario debe ser esa “manifestación específica de la autonomía política y social que reclaman los pueblos indígenas para resolver sus conflictos…”, pero bajo ninguna circunstancia debe transformarse en un instrumento para evadir detención en caso de presunta corrupción, pues sobre todo debería estar aquel principio básico que refiere a que la ley es para todos y el presente caso no tendría por qué ser la excepción.