Tras el aseguramiento de 187 grandes felinos de la Fundación Black Jaguar-White Tiger, cinco leones murieron debido a peleas entre ellos o enfermedades crónicas, reportó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El primer deceso de una hembra se registró el 16 de julio de 2022, en el mismo predio del Ajusco, donde fueron encontrados los ejemplares, debido al “ataque de congéneres”.
De acuerdo con la Profepa, un caso similar se registró con una hembra el 4 de septiembre en Africam Safari, en el estado de Puebla, a donde fue llevada para recibir una mejor atención.
Posteriormente, se reportó el fallecimiento de dos hembras y un macho, los días 10 de septiembre, 15 de octubre y 17 de diciembre, debido a enfermedades crónicas en el Zoológico de Moroleón, en Michoacán (dos casos), y en el Centro Ecológico de Sonora.
La Profepa dio a conocer que los predios que han recibido ejemplares asegurados de la Fundación Black Jaguar – White Tiger, tienen la obligación de informar sobre cualquier situación que afecte su integridad.
“Por lo anterior, se mantiene comunicación permanente con dichos sitios para conocer el estado de salud de los ejemplares, así como para programar visitas de inspección, según sea el caso, a fin de verificar las causas de los fallecimientos y garantizar que el resto de los ejemplares trasladados cuenten con las condiciones adecuadas para su recuperación y trato digno”, manifestó.
Los 187 grandes felinos rescatados del Ajusco fueron trasladados a 24 Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), y 12 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s), de 20 entidades federativas: Sinaloa, CDMX, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Sonora, Michoacán, Querétaro, Chihuahua, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Veracruz.
La Profepa recordó que el operativo para lograr la reubicación de los animales se desarrolló del 4 de julio al 14 de diciembre de 2022.
Ni un peso
El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, aseguró que ni la Profepa ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), han aportado un sólo peso para la manutención de los grandes felinos enviados a sus instalaciones.
“En los traslados, alimentación y tratamientos médicos de los animales hemos gastado cerca de 30 millones de pesos, que es un dineral”, reveló.
Ernesto Zazueta agregó que la mayoría de los ejemplares llegaron en muy malas condiciones de salud, con muchas enfermedades, deshidratados y desnutridos, y a pesar de los esfuerzos de los especialistas no han podido recuperar al 100 por ciento sus condiciones físicas.
Sin avances
A pesar de que el hallazgo de los 187 grandes felinos y 19 primates en condiciones deplorables de abandono y maltrato, causó gran conmoción a nivel nacional e internacional, las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), desde julio de 2022, tanto por la Profepa como por la AZCARM, contra Eduardo Serio, dueño de la Fundación Black Jaguar – White Tiger, no registran ningún avance.
El apoderado legal de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Cristopher Estupiñán, informó que en su caso, la denuncia por delitos contra la biodiversidad y tráfico de especies no ha sido procesada, no hay emplazamiento a las partes, no se ha citado a comparecer a Eduardo Serio, y “ni siquiera estamos cerca de que se judicialice” la carpeta de investigación.
Por su parte, la Profepa respondió que la denuncia que interpuso por hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la biodiversidad, está en manos del Ministerio Público y será la autoridad judicial, quien en su momento decida si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
“Corresponde al Ministerio Público la investigación de hechos posibles constitutivos de algún ilícito, asimismo es facultad de dicha institución establecer de qué tipo de delito se trata y realizar la calificación de éstos. Aunado a lo anterior, en caso de que se reúnan datos de prueba, es potestad del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal ante la autoridad jurisdiccional y así dar inicio a un proceso penal”, indicó.