Hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.
El reverso de la moneda en la estrategia de Nayib Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador ha quedado expuesto en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW). Los registros muestran “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022.
Esa medida ha llevado al arresto de más de 60.000 personas en los últimos 10 meses y el presidente ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18.
Al mismo tiempo, se han multiplicado las denuncias de atropellos a los derechos humanos.
Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadoreña Cristosal.
La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado.
La primera conclusión, según un comunicado difundido este viernes, es que “miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.
La documentación, que fue cotejada por HRW con otras fuentes, registra hasta agosto la muerte de 32 personas, en su mayoría en los penales de Mariona e Izalco.
Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, más de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 a “organización terrorista”.
En cambio, señala la organización en defensa de los derechos humanos, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3% de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.
El delito de “agrupaciones ilícitas” en El Salvador alcanza también a quienes obtienen “provecho” de forma indirecta de las relaciones “de cualquier naturaleza” con las pandillas.
“El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”, apunta HRW.
Según datos oficiales, las autoridades salvadoreñas han detenido desde marzo a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 han quedado en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas.
A finales de agosto, un total de 1.082 menores habían sido enviados a prisión provisional, de los que 21 tenían 12 o 13 años.
Una ley aprobada cuando entró en vigor el régimen de excepción rebajó de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, manifiesta Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW.
“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.
Este último dato es sangrante. Hasta agosto de 2022 las cárceles de El Salvador aumentaron su población en 50.000 personas.
En febrero de 2021, el sistema penitenciario del país, según información oficial, tenía capacidad para 30.000 personas.
La filtración de la base de datos acredita también “que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021″.
A esta situación se suman las pobres condiciones de fiscalización del Gobierno de Bukele, el acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público.
Con estas premisas, HRW vuelve a solicitar al Ejecutivo “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.
Empezando, por ejemplo, por abordar el problema a partir de sus causas estructurales “como los niveles elevados de pobreza y exclusión social e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas”.