Muchos de los cocaleros colombianos que erradicaron sus cultivos han tenido que volver a plantar coca, ante el fracaso de las promesas de los diferentes gobiernos. Ahora tienen el problema añadido, de que sus anteriores compradores se abastecen en otros lugares. Muchos han perdido la confianza en que las autoridades puedan ofrecerles una alternativa viable.
Marina, campesina de 50 años y defensora de los derechos humanos de la región montañosa del Catatumbo, en Colombia, nunca ha conocido la paz.
Esta zona fértil, aunque remota, cercana a la frontera con Venezuela, cuyo paisaje está salpicado del color verde claro de las plantaciones de coca, ha sufrido décadas de conflicto entre el ejército, los paramilitares y diversos grupos guerrilleros, dos de los cuales acabaron con la vida del hermano y el padre de Marina cuando ella era niña.
Actualmente, como muchos campesinos y campesinas locales, no tiene más opción que cultivar coca cultivo de uso ilícito para fabricar cocaína— en el escarpado terreno donde también cultiva perejil y cúrcuma y cría pollos, cerdos y conejos.
Las escaramuzas entre las guerrillas y los soldados acampados cerca de su granja en lo alto de la montaña son frecuentes, y a veces la obligan a huir con su esposo, su hijo y sus nietos al oír los disparos bajo una lluvia de proyectiles.
“Todos los días pienso que mi vida puede estar corriendo peligro, porque si yo no regalo agua al ejército o no les vendo cualquier cosa me dicen que yo soy cómplice de la guerrilla”, afirma Marina, que trabaja con el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) en la defensa de los derechos a la tierra del campesinado.