América Latina está rezagada en la titulación colectiva y el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, según un nuevo informe de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, en inglés), una coalición de más de 150 organizaciones.
A escala mundial, las comunidades obtuvieron el reconocimiento legal de 102,8 millones de hectáreas entre 2015 y 2020.
En América Latina, en 2020 la superficie total con reconocimiento legal comunitario había alcanzado las 21 millones de hectáreas. Esto supone menos de 1 % del total de tierras de los 16 países latinoamericanos incluidos en el informe, un progreso lento teniendo en cuenta las recientes medidas positivas de la región en materia de derechos sobre la tierra. Incluso en las zonas reconocidas, las comunidades se enfrentan a la inseguridad de la tenencia de sus tierras debido a las invasiones.
El informe concluye que, en los 16 países latinoamericanos analizados, alrededor de 79 % de la tierra es de propiedad estatal o privada. Mientras tanto, 17,6 % es propiedad de comunidades afrodescendientes o indígenas y 3,2 % ha sido destinado al uso colectivo de estas poblaciones.
Las superficies de uso colectivo aumentaron en cuatro millones de hectáreas, pasando de 3 % en 2015 a 3,2 % en 2020. Al mismo tiempo, la tierra realmente propiedad de estas comunidades creció en 17 millones de hectáreas, pasando de 16,7 % a 17,6 %.
“América Latina ha sido líder en el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra y los bosques a las comunidades. Pero desde 2015 la región ha sufrido un período de estancamiento”, dijo a Diálogo Chino Chloe Ginsburg, analista de tenencia de tierras de RRI. “Esto se debe a que los gobiernos se resisten a proteger los derechos de las comunidades”. sostuvo.
Los seis países mesoamericanos incluidos en el informe, así como nueve de los 10 países sudamericanos, cuentan con al menos un marco jurídico para reconocer los derechos colectivos de tenencia de la tierra. Sin embargo, los gobiernos no están aplicando correctamente estos marcos, advierte el informe, en medio de amenazas a los líderes comunitarios por parte de las industrias extractivas.
La región mesoamericana comprende los territorios de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y partes de Costa Rica y México. Fue durante miles de años el hogar de pueblos como los olmecas, zapotecas, mayas, toltecas y aztecas.
En Costa Rica, Levi Sucre Romero, líder indígena que dirige la red Ribca, que agrupa y representa a ocho comunidades, declaró a Diálogo Chino que el gobierno está fracasando en la aplicación de la Ley Indígena sancionada hace más de 40 años. “Tenemos un grave problema de conflictos y violencia debido a la inacción del gobierno”, agregó.
Los retos de América Latina en materia de tierras indígenas
Incluso en zonas ya reconocidas legalmente, muchas comunidades experimentaron inseguridad en la tenencia de la tierra durante la media década analizada debido a invasiones ilegales pero sin control de sus territorios colectivos, a veces hasta alentadas por gobiernos. La amenaza fue más pronunciada en Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro recortó las protecciones para las comunidades indígenas.
Las comunidades también tuvieron que librar batallas legales para proteger sus tierras. En Perú, comunidades indígenas de la Amazonía y los Andes interpusieron demandas judiciales para oponerse a proyectos petroleros y mineros concedidos sin la debida consulta. En Guatemala, las comunidades a las que se les otorgaron concesiones de tierras en la década de los 90 tuvieron que emprender una defensa sostenida para que se las renovaran.
La defensa de las tierras comunitarias también le costó la vida a defensores de la tierra, más en América Latina que en todas las demás regiones juntas. Entre 2012 y 2021, 1733 defensores de la tierra y del medioambiente fueron asesinados en todo el mundo, y 1155 (66 %) de ellos en América Latina, según el último informe de Global Witness.
“Hay un reconocimiento global de que necesitamos ampliar los derechos de tenencia de las comunidades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París (sobre cambio climático) y el nuevo marco de biodiversidad. Y aunque se han producido avances a nivel mundial, la escala y el ritmo del reconocimiento de la tierra son insuficientes para alcanzar estos objetivos globales”, afirmó Ginsburg.
No obstante, en la región destacan varios casos de éxito. En Panamá, un caso del Tribunal Supremo reconoció los derechos del pueblo indígena Naso Tjër Di sobre más de 160 000 hectáreas de tierra, y en Guyana el gobierno reconoció el Área Protegida Amerindia de Kanashen, la primera de este tipo en el país, que cubre 3 % de la superficie nacional.
En varios países latinoamericanos, las comunidades también han obtenido importantes victorias en los tribunales, pero éstas aún no se han traducido en cambios sobre el terreno. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los derechos sobre la tierra de comunidades de Argentina, Suriname y Honduras, pero ninguna de estas decisiones ha sido aplicada aún por los gobiernos.
“Los gobiernos piensan que los combustibles fósiles y la energía hidroeléctrica sacarán a la gente de la pobreza y apuntan a las tierras aptas para esos proyectos, que suelen ser las nuestras”, dijo Sucre.
Y añadió: “En América Latina tenemos leyes suficientes para ampliar los derechos de tenencia de las comunidades. Lo que necesitamos es que se apliquen y que los gobiernos no prioricen los intereses económicos sobre nuestras vidas”.