La Asamblea Nacional de Panamá ha emitido una resolución instando al presidente Laurentino Cortizo a retirar el controvertido proyecto de contrato minero 1043 con Minera Panamá, una subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM). Este contrato permitiría la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
La resolución fue adoptada por la Comisión de Comercio del Parlamento con una votación de cinco a favor y cuatro en contra. La decisión de suspender la discusión del proyecto se tomó después de consultas exhaustivas con diversos sectores de la sociedad, trabajadores, residentes locales y en medio de protestas de sindicatos y grupos ambientalistas que se oponen al acuerdo.
Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Comercio y miembro del partido gobernante, destacó que este contrato ha sido uno de los más consultados a nivel nacional y enfatizó que se ha prestado especial atención a la voluntad popular.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, anunció que se revisaría la resolución legislativa para presentar nuevas recomendaciones al Gabinete con el objetivo de abordar las inquietudes planteadas durante las consultas públicas.
Hasta el momento, la empresa minera no ha emitido comentarios sobre la situación y se espera una decisión por parte del Ejecutivo. En caso de ser aprobado en el primer debate, el contrato pasará al pleno legislativo para ser discutido en dos rondas adicionales antes de ser ratificado por el presidente Laurentino Cortizo.
Es importante destacar que, en este proceso, los diputados no pueden modificar el contenido del contrato; su función principal es decidir si lo aprueban o rechazan.
El acuerdo entre el Gobierno de Panamá y FQM, que se logró después de más de un año de negociaciones, establece una concesión de 20 años prorrogables para la explotación de la mina de cobre, con ingresos mínimos de 375 millones de dólares para el fisco y una amplia supervisión estatal sobre la operación.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá presentó un recurso de amparo de garantías constitucionales en contra de la aprobación gubernamental del contrato con FQM ante la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto minero ha sido objeto de un intenso debate público y ha enfrentado opiniones encontradas, con algunos sectores ambientalistas considerándolo perjudicial para el país. La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, ha estado operativa desde junio de 2019 y es una fuente importante de empleo en la región.
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