Nicaragua está a punto de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), y este acto sin precedentes en la historia de la organización plantea cuestiones cruciales sobre las implicaciones de esta retirada para el país y sus ciudadanos. La fecha límite para este retiro es el 19 de noviembre, después de que el régimen de Daniel Ortega denunciara formalmente la carta de la OEA y ningún país presentara objeciones en los dos años posteriores.
¿Qué dice el informe jurídico de la OEA?
La presidencia del Consejo Permanente de la OEA solicitó un informe a la Secretaría de Asuntos Jurídicos sobre las implicaciones de la decisión de Nicaragua. El informe subraya una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que enfatiza la importancia de que los Estados miembros de la OEA, como garantes colectivos de la eficacia de la organización, expresen observaciones u objeciones a la denuncia de un Estado miembro.
Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha comunicado objeciones a la denuncia de Nicaragua. Esto significa que, si Nicaragua no retira su denuncia antes del 19 de noviembre de 2023, dejará de ser miembro de la OEA.
La opinión de la Corte Interamericana destaca que la salud del sistema interamericano se ve comprometida cuando un país se retira, lo que coloca a las personas bajo la jurisdicción de ese Estado en una situación de total desprotección. Por lo tanto, es responsabilidad de otros Estados miembros manifestar observaciones u objeciones en nombre de la garantía colectiva.
Las implicaciones legales y de derechos humanos
El informe de la OEA enfatiza que las obligaciones de derechos humanos derivadas de la Carta de la OEA siguen siendo aplicables incluso después de que un país se retire. Estas obligaciones se mantienen durante el período de transición, que abarca desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2023. Nicaragua está legalmente obligada a cumplir con las decisiones de los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano, y sigue en falta por no acatar todas estas decisiones.
A pesar de la retirada de Nicaragua, las obligaciones de derechos humanos ratificadas y no denunciadas por el país permanecen vigentes, ya que no ha completado los procedimientos de denuncia formales. Además, las normas consuetudinarias y las normas basadas en principios generales de derecho y el ius cogens, que son normas universalmente aceptadas que protegen valores fundamentales, continúan siendo aplicables en virtud del derecho internacional general.
Por lo tanto, Nicaragua, a pesar de su retirada de la OEA, sigue sujeta a compromisos legales de derechos humanos y debe cumplir con ellos.
La retirada de Nicaragua de la OEA plantea importantes cuestiones legales y de derechos humanos que deberán abordarse a medida que se desarrolle este proceso. La situación pone de relieve la necesidad de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en Nicaragua y en todos los Estados miembros de la OEA.