La propuesta de privatizar las playas en Brasil ha generado un intenso debate entre ambientalistas, políticos y la sociedad en general. El proyecto de enmienda constitucional impulsado por el senador Flavio Bolsonaro ha suscitado preocupaciones sobre el acceso público a las costas y la preservación del medioambiente.
Brasil, con sus extensas franjas litorales que suman alrededor de siete mil 500 kilómetros, ha mantenido tradicionalmente un acceso público a sus playas, gestionadas por el gobierno y consideradas bienes estatales. Sin embargo, esta propuesta podría cambiar radicalmente esa dinámica al permitir la transferencia de la propiedad de tierras costeras a estados, municipios y entidades privadas.
La audiencia pública en el Senado el lunes pasado generó una ola de indignación en las redes sociales, con activistas ambientales y ciudadanos expresando su rechazo a la iniciativa. La actriz y activista Laila Zaid llamó a la movilización ciudadana para presionar a los senadores a votar en contra del proyecto.
Entre las preocupaciones planteadas se encuentra el impacto ambiental y la posible apertura a intereses inmobiliarios que podrían llevar a una mayor ocupación de tierras marinas. Además, se teme que la privatización de las playas pueda limitar el acceso público a estos espacios, afectando así una parte importante de la cultura brasileña.
A pesar de las críticas, la propuesta ha avanzado en la Cámara de Diputados y se espera que sea sometida a votación en el Senado. Sin embargo, la presión ciudadana y la posible impugnación legal podrían influir en su destino.
El senador Flavio Bolsonaro ha desestimado las acusaciones de privatización de las playas, afirmando que la enmienda solo afectaría “zonas ya ocupadas”. Sin embargo, la incertidumbre persiste y se espera un intenso debate en torno a este controvertido proyecto de ley.