En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Brasil ha despenalizado el consumo de marihuana, abriendo la puerta a la excarcelación de miles de personas. Este fallo llega tras nueve años de deliberaciones y coloca a Brasil, el país más poblado en adoptar esta medida, en un nuevo camino hacia la regulación del consumo de cannabis.
Un Límite Claro para el Consumo
Los magistrados del Tribunal Supremo han establecido un umbral claro para diferenciar a los consumidores de los traficantes: 40 gramos de marihuana o seis plantas hembra. Anteriormente, la ley dejaba esta crucial distinción en manos de jueces, fiscales y policías, quienes, con frecuencia, discriminaban racialmente, considerando a blancos como usuarios y a negros como traficantes. Este nuevo criterio permitirá la revisión de miles de condenas, aseguraron los jueces.
La decisión del Tribunal Supremo llega en un momento crucial, ya que la ley de drogas vigente había generado una situación de hiperencarcelamiento, especialmente entre jóvenes negros. Según un estudio del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), la despenalización podría liberar a unos 60,000 reclusos. Con esta medida, se busca combatir la discriminación y el racismo sistemático en el sistema judicial brasileño.
El presidente del Tribunal Supremo, Luís Roberto Barroso, explicó que esta decisión es un paso hacia la reducción del encarcelamiento masivo de jóvenes por pequeñas cantidades de droga, un problema exacerbado por la discriminación racial y socioeconómica.
Repercusiones Políticas y Sociales
La despenalización de la marihuana en Brasil ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras que dos tercios de la población se opone a la legalización, según Datafolha, los editoriales de los principales diarios han acogido favorablemente la medida. El expresidente Jair Bolsonaro criticó la decisión, calificándola como “un flechazo en el pecho de las familias brasileñas” y desmoralizante para la policía.
El presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ha elogiado la distinción legal entre usuarios y traficantes, ha expresado que “el Supremo no tiene que meterse en todo”, mostrando una postura ambivalente.
